El 16 de febrero de 2023, el Congreso dio luz verde a la Ley 2/2023, una normativa que regula la protección de denunciantes y la lucha contra la corrupción. Esto se enmarca en la transposición de la Directiva 2019/1937 de la Unión Europea. En virtud de esta ley, las empresas se ven en la obligación de instaurar canales de denuncia internos, facilitando a empleados y colaboradores externos la posibilidad de informar sobre comportamientos inapropiados o ilegales de manera anónima. Este requisito ha generado un aumento en la implementación de estos canales, y a continuación, abordaremos algunas de las preguntas más comunes relacionadas con este tema.
¿Qué es un Canal de Denuncia? Un canal de denuncia es un mecanismo que permite alertar sobre posibles prácticas inadecuadas en la gestión de una organización. Su principal objetivo es identificar dichas prácticas perjudiciales y tomar medidas adecuadas al respecto. Los denunciantes pueden comunicar información de forma confidencial y, si lo prefieren, de manera anónima. Estos canales se han diseñado con la intención de proteger a aquellos que denuncian, especialmente a empleados y partes relacionadas.
Normativa de los Canales de Denuncia La Ley 2/2023 regula minuciosamente los canales de denuncia y fue aprobada el 16 de febrero de 2023 como parte de la transposición de la Directiva 2019/1937 de la Unión Europea. Esta normativa tiene como objetivo principal proteger a los individuos que denuncian conductas ilegales o inapropiadas en el entorno laboral y profesional.
Requisitos de los Canales de Denuncia Estos canales deben cumplir con una serie de requisitos fundamentales. Además de garantizar el anonimato y la confidencialidad de los denunciantes, es esencial contar con un responsable designado para la gestión del canal. Además, se requiere enviar acuses de recibo a los denunciantes en un plazo máximo de siete días desde la recepción de la denuncia, así como responder a las denuncias en un plazo máximo de tres meses a partir del acuse de recibo, con la posibilidad de ampliar este plazo en casos de especial complejidad. Finalmente, los canales deben permitir el acceso desde fuera de la red corporativa, lo que significa que cualquier parte interesada, no solo los empleados internos, puede presentar denuncias.
Obligatoriedad en España La obligación de implementar canales de denuncia se aplica a diversas entidades y organizaciones en España. Esto incluye a empresas y entidades en el sector privado con 50 o más empleados, empresas y entidades públicas con más de 250 empleados, así como organizaciones relacionadas con actos de la Unión Europea. Además, las empresas que han establecido planes de cumplimiento normativo están igualmente obligadas, independientemente de su número de empleados. También se extiende a partidos políticos, sindicatos, patronales y fundaciones que gestionan fondos públicos.
Sanciones y Consecuencias La Ley 2/2023 establece sanciones en función de la gravedad de la infracción y diferencia entre personas físicas y jurídicas. Las multas varían en escala de acuerdo a la gravedad de la infracción. Además, en casos de infracciones graves, se pueden aplicar sanciones adicionales, como amonestaciones públicas o prohibiciones de obtener subvenciones fiscales, así como prohibiciones de contratar con el sector público. Es fundamental para las empresas cumplir con estos requisitos y garantizar la protección de los denunciantes.
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