A principios de noviembre, Europa dio luz verde al «Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas armonizadas para un acceso justo a los datos y su utilización«, más conocido como el «Data Act» o «Ley de Datos». Esta regulación tan esperada marca un hito significativo en el impulso hacia la innovación tecnológica y tiene como objetivo primordial la creación de un mercado único de datos.
El mercado actual, tanto industrial como de consumo, genera una enorme cantidad de datos que en muchos casos no se utilizan. Esta legislación busca reestructurar esta situación, permitiendo a las empresas invertir en la mejora de sus investigaciones y desarrollos al acceder a estos datos previamente inutilizados. El texto normativo garantiza un acceso adecuado y justo a los datos generados por dispositivos y servicios conectados, principalmente por parte de empresas y usuarios.
Para los usuarios, esta ley amplía el derecho de acceso establecido en la normativa de protección de datos personales. Incrementa los niveles de transparencia al permitir que cada usuario acceda a información no personal derivada de su uso de dispositivos o servicios suscritos. Este acceso facilitará un mayor control por parte del usuario, quien podrá trasladar sus datos de uso a otras empresas, como servicios de reparación o backup, por ejemplo.
De manera similar, se facilitará a los usuarios el cambio entre distintos proveedores de servicios en la nube para evitar prácticas abusivas o monopolios.
En el ámbito empresarial, esta normativa permitirá a las empresas acceder a los datos generados por los usuarios para mejorar sus servicios, reducir costos o entrenar algoritmos que requieran datos no personales. Se espera que esto conduzca a una significativa reducción de costos y tiempos en el desarrollo de la inteligencia artificial.
Además, la Ley de Datos incluye a los organismos del sector público, quienes podrán utilizar estos datos de empresas privadas para fines de interés público, como situaciones de contaminación o catástrofes.
Esta regulación beneficiará principalmente a las pymes, que suelen estar en desventaja al negociar el acceso a datos de uso con otras empresas. La Comisión Europea facilitará cláusulas contractuales estándar para el acceso y uso de datos, con el objetivo de mantener un equilibrio entre las partes. Estas cláusulas abordarán aspectos como la resolución anticipada del contrato, políticas de conservación de datos, legibilidad de los mismos para el usuario, y la protección de secretos comerciales, entre otros.
En cuanto a los datos que las empresas deberán compartir, tendrán la libertad de decidir qué datos compartir con terceros, siempre y cuando se garantice su calidad, una estructura común y su comprensión fácil.
Para salvaguardar los intereses comerciales, el reglamento establece que las empresas pueden restringir el acceso a datos que estén relacionados con sus intereses propios, secretos comerciales o derechos de propiedad intelectual.
Una vez entre en vigor la Ley de Datos, las empresas afectadas tendrán un plazo de dieciocho meses para actualizar sus contratos y establecer protocolos internos que definan los datos a compartir con terceros.
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